Denunció que el ataque sistemático a su gobierno, a través del Ministerio Público y el Poder Judicial, constituye "terrorismo de Estado". El jefe comunal solicitó una auditoría exhaustiva de 31 carpetas fiscales argumentando que su defensa encontró la adulteración de folios y la sustracción de pruebas. El intendente sostiene que el Ministerio Público está siendo utilizado para una persecución política, con investigaciones sesgadas, imparciales y plagadas de negligencias. Prieto estuvo acompañado por sus abogados Gilda Portillo y Guillermo Ferreiro, así como de los senadores Rubén Velázquez y José Oviedo, el presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, Sebastián Martinez y el concejal Víctor Torales. Prieto explicó: "Pedimos la auditoría de 31 carpetas fiscales, porque en al menos 20 de las 42 causas, ya deberían haberme declarado inocente, pero seguramente por algunas presiones extrapoderes no lo están haciendo. Sin embargo, tenemos las pruebas y las estamos presentando". "En 31 de las 42 causas que tengo, la Fiscalía debería solicitar la desestimación, ya que no corresponde la persecución penal; quedarían 11, que son denuncias nuevas", agregó Prieto. El intendente también afirmó: "Lo que el Ministerio Público y la Justicia están haciendo es terrorismo de Estado. Están tratando de frenar nuestro modelo de gobierno". Prieto subrayó: "Ellos denuncian todo lo que hacemos. El fiscal Juan Manuel Ledesma en 2021, solicitó pericias en varias causas y todas concluyeron que las obras están, que los precios corresponden y que todas las obras se ejecutaron". Dilación de causas con pedido de desestimación En la causa sobre supuesta sobrefacturación en la perforación de pozos artesianos, el fiscal Juan Ledesma ya había pedido la desestimación luego de varias diligencias, incluido un peritaje de la Fiscalía. El caso estuvo dos años encajonado en el Juzgado de Ciudad del Este, a cargo de la Jueza Teresita Cazal, quien luego dio trámite de oposición y derivó nuevamente el caso a la Unidad Penal Número 8 de Asunción, a cargo del Fiscal Silvio Corbeta. Sin embargo, el fiscal intervino en la causa sin tener una resolución de asignación de la Fiscalía General del Estado. El Fiscal Corbeta también ordenó una pericia del Ministerio Público que tuvo un resultado favorable al intendente y sin embargo, sigue sin cerrar la causa pese a la ausencia de elementos probatorios contra Prieto. En otra de las causas, donde el intendente está acusado por lesión de confianza y administración en provecho propio, los fiscales ya habían sido recusados por la defensa por la adulteración de la carpeta fiscal. En este caso, se investiga una supuesta licitación amañada por la vía de la excepción para adquirir insumos para la elaboración de panificados, distribuidos durante la pandemia de Covid-19 a familias de escasos recursos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado autorizó a los fiscales recusados a presentar un requerimiento conclusivo en este caso. La acusación fue firmada por la fiscal Alma Zayas el 08 de octubre de 2024, pese a que ya había sido nombrada Fiscal Adjunta de Concepción el 02 de octubre. La fiscal no estaba habilitada para el requerimiento conclusivo, asegura la Abog. Gilda Portillo, defensora de Prieto. Se trata de la misma fiscal que dos días después de su nombramiento en la Fiscalía Adjunta, desestimó las causas abiertas contra Jorge Bogarín Alfonso, miembro actual del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El considerado "significativamente corrupto" por los Estados Unidos quedó libre de causas judiciales a solicitud de la agente.