Durante el proceso de desmonte del techo, realizado para permitir una inspección exhaustiva, se generó un ruido considerable que afectó a los pacientes internados en la UTI, quienes recibían atención en ese momento. A pesar de esta situación, la Municipalidad de Ciudad del Este colaboró plenamente con el Ministerio Público, proporcionando maquinarias de gran porte y personal técnico para facilitar el trabajo de control.

El intendente Miguel Prieto reiteró que la institución no se opone a los controles, pero cuestionó la falta de equidad en las investigaciones. “No estamos en contra del control, estamos a favor. Pero ojalá que el puente de Ñandutí, que costó 14 mil millones y no le sirve a nadie, también sea verificado centímetro a centímetro. Este pabellón que salva vidas de niños costó dos mil millones, siete veces menos que el puente de Ñandutí, y la Fiscalía desesperadamente está acá.”

Asimismo, recordó que esta denuncia ya había sido desestimada por el fiscal Manuel Rojas hace tres o cuatro años, y expresó su confianza en que el nuevo dictamen refleje la realidad de la obra. Una vez culminado el proceso técnico, solicitará nuevamente la desestimación del caso.

La obra del pabellón UTI, que desempeñó un rol crucial durante la emergencia sanitaria, continúa funcionando como un recurso vital para la población, a pesar de los inconvenientes causados por la fiscalización.

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