La abogada Gilda Portillo, quien ejerce la defensa de las autoridades municipales, denunció que los agentes fiscales no notificaron sobre estas intervenciones y dificultan el acompañamiento. La denuncia que investiga la Unidad de Anticorrupción y Delitos Económicos del Ministerio Público es sobre Transferencia de Fondos de Capital a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, administrados en los ejercicios fiscales 2019 a mayo de 2023. Intervienen las fiscales Luz Guerrero, Marlene González y el fiscal Néstor Coronel, en la causa 11.064, en la que el intendente Miguel Prieto y el concejal Sebastián Martínez, exdirector de Desarrollo Social, son denunciados por supuestos hechos punibles de Producción Inmediata de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. La Fiscalía realiza estos procedimientos de manera sorpresiva, sin notificar a las partes involucradas en la causa, según expresó la abogada Gilda Portillo. La defensora se enteró de las intervenciones a través de la prensa y logró ubicar a la comitiva del Ministerio Público, que tampoco facilita información suficiente para que la defensa pueda acompañar el peritaje. “Todas las obras están en su lugar, fueron realizadas y nos preocupa que no hagan correctamente las visitas, porque son de Asunción, no conocen la zona. Son como 38 obras que tienen que verificar. Intentamos acompañar, pero está siendo difícil porque no nos dan información”, comentó la abogada. Estos procedimientos se realizan justo días después, de que el intendente Miguel Prieto junto a su equipo jurídico, solicitaron la auditoría de 31 carpetas fiscales a la Fiscalía General del Estado, por una serie de irregularidades detectadas en los procesos y que incluso ya deberían ser causas desestimadas.