La lectura de la minuta escrita fue leída por la concejal Alison Anisimoff, quien, en representación del pleno, expresó la profunda preocupación institucional ante lo que consideran una acción ilegal, inconstitucional y motivada por fines políticos, contraria a los principios que rigen el funcionamiento de los órganos de control del Estado.

“Peticionamos al pleno de esta Honorable Junta Municipal declarar como ilegal e inconstitucional el accionar de la Contraloría General de la República al solicitar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Asimismo, repudiamos la evidente y tendenciosa manipulación ejercida por dicho organismo, que actúa motivado exclusivamente por intereses políticos y no con base en criterios técnicos o administrativos”, señala el documento leído en plenaria.

En el mismo escrito, la Junta Municipal resolvió remitir una nota oficial al presidente del Congreso Nacional y al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, instando a los representantes nacionales a rechazar la intervención arbitraria propuesta contra la administración municipal. 

Durante su alocución, la concejal Anisimoff denunció además un hecho particularmente grave: la exposición pública de un contribuyente local —vinculado a una reconocida liga deportiva de la ciudad— en un informe de la CGR, donde se calificó como falsa una factura que, en realidad, consta como válida y aprobada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

“No se puede permitir que se exponga de esta manera a un ciudadano, y mucho menos que se manipule información con fines políticos. Esa factura es legal, está en regla, y su cuestionamiento solo demuestra una clara intención de forzar un dictamen que justifique una intervención infundada”, subrayó.

La Junta Municipal dejó en claro que, de existir indicios serios y comprobables de irregularidades administrativas, el propio órgano legislativo local es el primero en ejercer el control institucional y solicitar las acciones correspondientes. Sin embargo, en este caso, no se han constatado elementos que justifiquen la medida extrema que pretende imponer la CGR.

Por su parte, la concejal María Portillo manifestó con firmeza su rechazo al proceder del contralor general, cuestionando la extralimitación de funciones y defendiendo el rol de la Junta como primer órgano competente en la evaluación de posibles irregularidades municipales.

“Pido al contralor que venga a ocupar mi banca. Porque esta es la banca a la que le compete pedir intervención, posiblemente quiere ser también concejal este señor. Decirles a los diputados que puedan leer las ordenanzas y respetar a las autoridades electas y no sobrepasar. Que venga a compartir con nosotros como concejal, ya que está haciendo tareas que a nosotros nos corresponde”, expresó Portillo.

La resolución fue aprobada con la firma de los siguientes concejales: Sebastián Martínez (Presidente), Oscar González, María Portillo, Valeria Romero, Pedro Acuña, Víctor Torales y Alison Anisimoff.

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