Indicó que la denunciante, además de ser una consumidora, es una turista de nombre Jessica Andrea Mancilla, quien en fecha 18 de mayo de 2023 se comunica con la oficina solicitando una intervención en su caso relacionado con una compra realizada en local céntrico y luego se trasladó a Río de Janeiro. A través de la comunicación se le indicó cuál sería el procedimiento y la metodología. Una vez, que llegó a Puerto Iguazú, se le pasó el número de teléfono de la oficina en el Shopping Box para acudir al llegar a CDE, donde se le tomó la denuncia.

Una vez trasladado el reclamo al dueño del local, el mismo manifiesta que para dar salida al caso, propone la total devolución del valor abonado por los productos consistentes en la suma de 760,74 U$ (setecientos sesenta con setenta y cuatro centavos dólares americanos ), además de la suma de Gs. 1.450.000 en concepto de gastos ocasionados por el traslado hasta nuestra ciudad, más su viatico quedando conforme con la salida conciliatoria a su reclamo. Esta fue la operación y la intermediación que hizo la Oficina de Defensa al Consumidor, según aclaró Aquino.

Indicó que algunos medios, o algunas personas reclaman por qué no se hace tal o cual operativo o procedimiento de cierre o clausura del local, y que en ese sentido, se aclara de forma bien expresa que Defensa del Consumidor figura dentro del organigrama de la Municipalidad de Ciudad del Este, que la SEDECO firmó con la Municipalidad y no con la Oficina de Defensa al Consumidor un acuerdo para que se le traslade la facultad de las funciones.

“Esa facultad o funciones deben estar bien taxativas y expresamente determinadas, tanto en la Ley Orgánica Municipal como en otras leyes y normativas, caso contrario, estaríamos atentando contra el principio de legalidad que rige a todo ente institucional, que si no está bien regulado está prohibido”, explicó.

Agregó que la oficina de Defensa lo que hace en estos casos, es comunicar a las instancias pertinentes, al carecer muchas veces de las facultades para cerrar los comercios. Comunica a la División de Fiscalización y/o a la Procuraduría de Faltas Municipales, y éstas solicitan a los jueces de faltas para que puedan proceder a la medida cautelar de suspensión de cierre a través de la ordenanza 18/2013.

En el comunicado se aclara que como unidad administrativa, la dirección de Defensa del Consumidor y Usuario, según el alcance de sus funciones y facultades, acompaña a los consumidores (compristas y/o turistas), primeramente a los efectos de restituir los derechos que le fueron defraudados, además de elevar el informe a las instancias administrativas para la aplicación de las sanciones y/o medidas correctivas pertinentes conforme a la ley 1334/98 de defensa del Consumidor y del Usuario, Ley 3.966/2010 "Orgánica Municipal " y demás normativas aplicables. Por tanto, las actuaciones siempre se ajustan a la legalidad, conforme al comunicado.